La Dra. Neida Colmenares presentó resultados de una investigación comparada sobre las respuestas institucionales de Colombia, Ecuador y Chile frente a la migración venezolana, abordando sus efectos en el estatus jurídico y el acceso a derechos de las personas migrantes.
La Dra. Neida Colmenares, académica y jefa de la carrera de Administración Pública del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile, participó en la conferencia “Más allá de la crisis: Migración y transformación social en América Latina”, realizada el pasado jueves 25 de junio en el Edificio FLACSO, en Santiago.
La actividad reunió a especialistas de distintas instituciones para reflexionar sobre las migraciones contemporáneas como un fenómeno histórico y estructural que incide en las transformaciones sociales, políticas y culturales de la región, superando las miradas centradas exclusivamente en la crisis, la emergencia o la vulnerabilidad.
En la instancia también participaron Franklim Colletti, del Columbia Global Center en Santiago; Roberto González, profesor titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de MIDE UC; y Nicolás Pedemonte, director del Centro de Investigación Social Aplicada Fernando Vives SJ de la Universidad Alberto Hurtado.
Respuestas estatales frente a la migración venezolana
Durante su exposición, titulada “Condiciones institucionales del estatus legal y los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Chile”, la Dra. Colmenares presentó parte de los resultados del primer año de una investigación financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de la cual es investigadora responsable.
El estudio examina las políticas migratorias y las respuestas estatales adoptadas por los tres países frente a la diáspora venezolana, considerando los instrumentos que determinan el ingreso, la permanencia, la regularización y el acceso a derechos de esta población.
La académica explicó que uno de los principales hallazgos es la utilización predominante de normas infralegales, como decretos, resoluciones y disposiciones administrativas, para responder con rapidez al aumento de los flujos migratorios. Sin embargo, advirtió que esta estrategia también puede generar una excesiva discrecionalidad del Poder Ejecutivo, reducir el debate parlamentario y producir incertidumbre jurídica para las personas migrantes. “Frente a un mismo fenómeno migratorio masivo e inesperado, Colombia, Ecuador y Chile recurrieron a una misma forma de gestión: la normativa infralegal discrecional, que les permite responder con rapidez y mantener el control político del proceso, pero a costa de la falta de previsibilidad jurídica”, señaló durante su presentación.
Otro de los patrones identificados por la investigación es el escaso fortalecimiento de los sistemas de refugio en los tres países, pese al aumento de las solicitudes presentadas por personas venezolanas. De acuerdo con la académica, los Estados han tendido a gestionar esta migración principalmente como una cuestión de regularización administrativa, antes que como un asunto de protección internacional.
Migración, derechos y participación política
La jefa de carrera de Administración Pública también abordó la necesidad de reconocer a las personas migrantes como sujetos políticos y participantes activos de las sociedades receptoras, y no únicamente como beneficiarias de servicios públicos o como una supuesta amenaza.
En este sentido, alertó sobre la instrumentalización de la migración en contextos electorales y la construcción de la población venezolana como un “chivo expiatorio” asociado a problemas de seguridad, presión sobre los servicios públicos o conflictividad social.
“Las personas migrantes también votan, ejercen ciudadanía y tienen una opinión política en el espacio público. Sin embargo, muchas veces son presentadas como actores pasivos o como responsables de distintos problemas sociales”, sostuvo.
La académica enfatizó que la forma en que se conceptualiza la migración influye directamente en el diseño de las políticas públicas. Abordarla únicamente como una crisis temporal puede derivar en respuestas coyunturales y precarias, mientras que reconocerla como una transformación permanente exige políticas de integración, protección de derechos y planificación institucional de largo plazo.
Desde el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la USACH valoramos esta instancia como un espacio relevante para fortalecer el diálogo interdisciplinario y aportar, desde la investigación académica, a la comprensión de fenómenos que plantean desafíos directos para el Estado y las políticas públicas. La participación de la Dra. Neida Colmenares reafirma el compromiso del departamento con la generación de conocimiento aplicado, la colaboración entre instituciones y la promoción de respuestas públicas orientadas por los derechos, la inclusión y la cohesión social.
