Dr. Víctor Caro Castro abordó las implicancias administrativas y regulatorias de la medida, advirtiendo sobre la importancia de entregar certezas y resguardar procesos técnicos consolidados.
El académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Caro, analizó en Radio ADN el retiro de 43 decretos ambientales que se encontraban en revisión en Contraloría, en una conversación centrada tanto en sus implicancias regulatorias como en los aspectos administrativos del proceso.
Caro, en su rol también como exjefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y expresidente de Capital Natural Chile, planteó una mirada cauta frente a la decisión, señalando que aún faltan antecedentes para evaluar con claridad la intención del Ejecutivo. “Yo creo que faltan muchos antecedentes como para tener claro cuál es la intención real de esta nueva administración.”
Sin embargo, advirtió que lo verdaderamente relevante es el carácter inédito de la medida, al tratarse de un retiro simultáneo de todos los instrumentos “La excepcionalidad de esto es que se retiraran todos.”
Desde una perspectiva administrativa, el académico explicó que los procesos asociados a estos decretos son complejos y de largo aliento, incluyendo participación de múltiples actores y etapas técnicas, lo que refuerza su carácter no arbitrario, “Esto no es antojadizo, no es arbitrario, esto es un procedimiento, un proceso que participó gente de derecha, de centro y de izquierda.”
En ese sentido, Caro también abordó uno de los puntos que ha generado debate: el tiempo que algunos decretos llevaban en Contraloría y el envío de otros en las últimas semanas de la administración anterior. Al respecto, explicó que los plazos pueden ser variables y que las demoras no necesariamente constituyen una anomalía dentro del proceso administrativo: “Sí, es normal que se demore en dos años la toma de razón y se puede demorar tres meses también.”
Asimismo, el académico advirtió que la principal preocupación radica en la incertidumbre que puede generar esta decisión, tanto para la implementación de políticas ambientales como para el sector privado, que requiere marcos regulatorios claros.
Víctor Caro enfatizó la necesidad de que la autoridad entregue definiciones claras sobre los plazos de revisión y el futuro de los decretos, junto con priorizar aquellos instrumentos más relevantes para la salud de las personas y la protección ambiental, resguardando así la continuidad de políticas públicas construidas a lo largo de años.
Desde el Departamento de Gestión y Políticas Públicas, este tipo de análisis reafirma el compromiso con el estudio de las políticas públicas y su impacto en la sociedad. A través de la participación de sus académicos en el debate público, contribuyendo así a una discusión informada sobre los desafíos del Estado, especialmente en materias como la regulación ambiental, la certeza jurídica y la toma de decisiones basada en evidencia.
Ver noticia completa AQUÍ.
