La Dra. Neida Colmenares Mejías presentó resultados de su investigación FONDECYT de Iniciación, que analiza las respuestas estatales frente a la migración venezolana en Chile, Colombia y Ecuador. La actividad reunió a especialistas para reflexionar sobre políticas migratorias, acceso a derechos, integración y desafíos institucionales en América Latina.
La académica y jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Neida Colmenares Mejías, participó como expositora principal en el seminario “Huella Migrante: Estado, derechos e integración de la migración venezolana en Chile, Colombia y Ecuador”, realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.
La actividad fue organizada por el Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de dicha universidad, con el apoyo del Centro de Estudios Europeos y el Centro de Excelencia Jean Monnet.
Durante su presentación, Colmenares compartió resultados de la primera etapa de su proyecto FONDECYT de Iniciación (2024–2027), titulado “Huella migrante: respuestas estatales hacia la migración venezolana en Colombia, Ecuador y Chile, políticas y desafíos de integración”.
Uno de los principales hallazgos de la investigación fue la identificación de 106 normativas migratorias en los tres países, de las cuales 89 corresponden a instrumentos infralegales, como decretos y resoluciones administrativas. Según explicó la investigadora, esta tendencia evidencia una gestión migratoria caracterizada por respuestas estatales que dependen considerablemente de las decisiones del Poder Ejecutivo.
El análisis comparado también permitió identificar diferencias en las políticas implementadas. Mientras Colombia ha desarrollado mecanismos orientados a facilitar la regularización y el acceso a derechos, Chile y Ecuador presentan, según los resultados expuestos, una mayor orientación hacia enfoques vinculados al control y la seguridad migratoria.
En este contexto, la académica planteó la necesidad de comprender la migración como un fenómeno estructural que exige respuestas institucionales de largo plazo.
“El país no experimenta una crisis migratoria, el país experimenta un cambio sociodemográfico y cultural”, señaló Colmenares al referirse al caso chileno.
La exposición también abordó la politización de la migración, las dificultades de acceso a mecanismos de regularización, las limitaciones de los sistemas de refugio y la importancia de incorporar perspectivas territoriales y de género en el diseño de políticas públicas.
La jornada contó con los comentarios de la Dra. Valentina Ríoseco Vallejos, académica de la Universidad del Bío-Bío, y la Dra. Susana Riquelme, académica de la Universidad de Concepción. La moderación estuvo a cargo del Dr. Joan Ramos Toledano.
Desde una perspectiva jurídica, Ríoseco destacó la importancia de evaluar las políticas migratorias considerando las obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente los principios de no discriminación, no devolución y protección de la vida familiar.
“Los estados pueden decidir quién ingresa, quién sale y quién permanece en su país, pero esta discrecionalidad está limitada por los derechos humanos”, sostuvo.
Por su parte, Susana Riquelme profundizó en la participación política de las personas migrantes, los discursos antimigratorios y la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el análisis de los desplazamientos humanos. “No podemos deshumanizar la acción pública que podemos desarrollar”, expresó, destacando la responsabilidad de las instituciones frente a los desafíos de la migración.
El encuentro también permitió reflexionar sobre el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, las barreras administrativas para la regularización y los efectos que pueden generar las restricciones migratorias en las condiciones de vida de las personas.
Vinculación académica entre universidades
Durante su intervención, la Dra. Colmenares también destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Concepción, especialmente en investigación, formación y actividades académicas vinculadas a la Administración Pública. “Nos interesa tener una alianza más estrecha en la comunidad de administradores y administradoras públicas a nivel nacional”, expresó.
La actividad constituyó así una instancia de intercambio de conocimientos y resultados de investigación, contribuyendo al diálogo interuniversitario sobre los desafíos de la gestión pública y las políticas migratorias en América Latina.





